El diputado Juan José Torres, representante del Partido Demócrata Cristiano, ha impulsado un proyecto de ley destinado a penalizar el adulterio en Bolivia. La propuesta del legislador Torres surge como respuesta al incremento de las tasas de divorcio y a la percepción de una creciente inmoralidad que, según él, genera conductas inapropiadas, con especial preocupación cuando provienen de funcionarios públicos.
El proyectista fundamentó su postura, señalando que su iniciativa no sobrecargaría el sistema judicial, ya que los casos serían abordados de manera privada y opcional. El diputado Torres enfatizó que el propósito fundamental de esta normativa es resguardar el núcleo familiar y promover soluciones previas como la conciliación y la terapia especializada, buscando salvaguardar la institución del matrimonio.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia desde el ámbito profesional. El psicólogo y psicoterapeuta familiar Ignacio Liébana advirtió sobre la complejidad del tema, insistiendo en que debe ser evaluado no solo desde una perspectiva legal, sino también médica. El especialista Liébana calificó de poco realista e incluso “infantil” la pretensión de que un factor externo, como una ley, pueda modificar conductas que emanan de causas internas o recomponer un ambiente familiar deteriorado.
Según el psicólogo Liébana, una sanción legal restrictiva no constituye una solución efectiva para los conflictos familiares ni personales, puesto que solo podría inducir cambios superficiales y de corta duración. En este sentido, el terapeuta Liébana recomendó la implementación de mecanismos más sostenibles, como la inculcación de valores y principios morales a través de un sistema educativo integral, que fomenten una convivencia armoniosa y respeto mutuo en la sociedad.
