En contacto con Panamericana, Beatriz Ríos, representante de la Asociación de Inclusión Social para Personas con Discapacidad (ASISTI), expuso el dramático escenario de sobrevivencia que atraviesan las familias de su sector.
Inflación inalcanzable y falta de medicamentos
Ríos relató que la escasez ha provocado un alza de precios que resulta imposible de cubrir para personas que no cuentan con fuentes laborales fijas y que subsisten con ingresos diarios de entre 20 y 50 bolivianos. "Nosotros ya no comemos carne, no conocemos eso; no podemos acceder a un pollo de 120 bolivianos", lamentó la representante, detallando que ni siquiera pueden costear verduras básicas, ya que se comercializan a precios exorbitantes como tres cebollas por 10 bolivianos.
A la crisis alimentaria se suma una urgencia sanitaria crítica: el desabastecimiento de medicamentos. Ríos advirtió que muchas personas, particularmente aquellas con discapacidades mentales e intelectuales, dependen de medicación estricta y diaria que actualmente no pueden conseguir ni comprar. "Vivimos de día a día tomando ese medicamento, no podemos nosotros evitar eso o decir no vamos a tomar hoy día", aseveró con preocupación.
Propuesta de reasignación de fondos
Frente a este estado de emergencia, el sector plantea soluciones prácticas al Ejecutivo. Ríos solicitó formalmente la dotación urgente de un paquete alimentario y un incremento en el bono mensual que perciben.
Para financiar esta ayuda, la dirigente sugirió utilizar los recursos del fondo anual destinado a su sector, que asciende a 40 millones de bolivianos. Explicó que actualmente 15 millones se destinan al bono y 25 millones a diversos programas. Argumentó que, dada la paralización del país, es ilógico mantener esos recursos inmovilizados en proyectos que no se están ejecutando, cuando la necesidad inmediata es garantizar la alimentación y la salud de sus afiliados.
Silencio gubernamental y advertencia de movilización
La representante de ASISTI expresó su frustración ante la falta de atención por parte de las autoridades nacionales. Denunció que el sector ya ha enviado tres notas formales solicitando una audiencia con el presidente Rodrigo Paz, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Además, indicó que los intentos físicos por llegar a la Casa Grande del Pueblo para dialogar han sido infructuosos debido al cerco de seguridad en el centro político.
Pese a las graves dificultades de movilidad —con muchas personas postradas en cama y madres cuidadoras impedidas de salir a trabajar—, Ríos advirtió que el sector buscará las formas de manifestarse públicamente si el Gobierno continúa ignorando su clamor ante esta crisis humanitaria.
