Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, confirmó que la organización evalúa los alcances de la nueva propuesta remitida por el gobierno nacional. En torno a la preparación del censo de población y vivienda.
Según anticipó, las observaciones persisten por lo que el análisis será minucioso a fin de emitir una respuesta oficial en siguientes horas y anunciar si el paro indefinido que ingresó a su tercer día permanece vigente o se levanta ante la posibilidad de reanudar el diálogo.
Además, ratificó el planteamiento de que la Iglesia Católica constituya un ente mediador y neutral en el conflicto que todavía genera incertidumbre entre la sociedad.
Cuéllar subrayó que la demanda no se reduce al departamento de Santa Cruz por lo que no corresponde atribuir las medidas de presión de los movimientos cívicos a intereses regionales. Además, reafirmó la disposición a flexibilizar las estimaciones de fecha para el censo, en tanto la gestión sea 2023.
Finalmente, el rector calificó la paralización de actividades como contundente y ponderó la firmeza de la población cruceña que “se manifiesta de forma pacífica, voluntaria y democrática”.
Sn embargo, el analista político Emilio Rodas, expuso una visión distinta a la de Vicente Cuéllar y coincidió con el oficialismo al detectar instrucciones de grupos de poder en Santa Cruz.
En todo caso, abogó por el diálogo no solamente entre autoridades de gobierno y el comité regional, sino entre todos los actores involucrados en el país.
Acerca de otras acciones de protesta por el Decreto Supremo 4760 que estima el censo durante el año 2024, la primera vicepresidenta del Comité Cívico de Beni, Tania Saldaña, informó que el paro de 24 horas convocado para hoy en exigencia de un proceso censal en 2023, se desarrolla con éxito pues al menos el 80% de la población, dice, se adhirió a la medida.
De acuerdo a la representante cívica, la articulación nacional cobra fuerza pese a las actitudes llamativas de autoridades como el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, a quien cuestionó por afirmar que el paro fue definido de manera unilateral, y así generar susceptibilidades en torno a su relación con el masismo.
Empero, el panorama expuesto por la presidenta de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Beni, Yáscara Moreno, fue muy distinto al que describió la dirigente del comité cívico y dio cuenta de normalidad en las actividades, con salvedades en plazas y ciertos puntos neurálgicos de la región.
La representante de Amdebeni aseveró que los gobierno ediles del departamento están en desacuerdo con el paro de 24 horas por su perjuicio a nivel social y económico.
Es así que reafirmó la conformidad de la entidad con el cronograma del INE y las recomendaciones internacionales socializadas en el encuentro del Concejo Nacional de Autonomías.
En contraste con la visión de Moreno, el diputado beniano Genghis Justiniano, ponderó el poder de convocatoria del movimiento cívico pues observa acatamiento del paro, a pesar de intentos de amedrentamiento que partirían del gobierno del MAS, según advierte.
En tal línea, expresó solidaridad con su colega, la representante parlamentaria supraestatal, Aleiza Rodríguez, afectada por agentes químicos durante la desmovilización de un punto de bloqueo por efectivos policiales.
Justiniano reprochó la falta de voluntad política que detecta por parte de las autoridades nacionales, a tiempo de insistir en el diálogo como alternativa de solución ante la creciente inconformidad social por la dilación del censo.
También la presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Grass, se pronunció sobre el tema e informó que hoy se reunió mediante una plataforma virtual con sus pares en el resto del país para analizar la coyuntura política y definir estrategias de refuerzo a la demanda referida al empadronamiento en el transcurso del próximo año.
La actual líder de Comcipo agregó que las medidas comprenderán además exigencias de interés regional como la industrialización del litio y la persecución política que sufren dirigentes cívicos.
PANAMERICANA.
