Hoy, vamos a resaltar algunos aspectos vinculados con un elemento colateral al reciente conflicto y sus secuelas. Tiene que ver fundamentalmente con los criterios que se asumen a la hora de viabilizar procesos judiciales en función de las denuncias que se presentan.
Como corresponde, toda denuncia ante estrados judiciales responde a posibles hechos delictivos que se puedan cometer, desde el ámbito familiar, civil y también penal.
En este contexto, debe hacerse notar que la imagen de los operadores e incluso de la propia justicia, se ha deteriorado notablemente en los últimos años, pues hubo un criterio generalizado en sentido de que se operaba con fines políticos.
En el marco de estas consideraciones, es que se había presentado diversos casos judiciales, que generaron a su vez polémica y comentario por sus características un tanto controversiales, fundamentalmente por la forma en que se han presentado los mismos.
Habrá que recordar que existen muchos casos que se han convertido en emblemáticos, precisamente por la forma en que se desarrollaron los sucesos, como es el caso de El Porvenir, Hotel las Américas, denuncias contra Gobernadores perseguidos, y el caso Franklin Gutiérrez, entre algunos.
En estos casos, se ha denunciado que hubo una actitud discrecional de la justicia, llegando a procesar judicialmente a quienes se ubicaban en la oposición boliviana, sin siquiera se garantice lo que se exige siempre; el debido proceso.
Esto, ha derivado en situaciones judiciales muy complicadas, pues en varios de los casos se ha mencionado que no existe hasta el momento, una sentencia ejecutoriada.
La situación de momento, es un tanto complicada pues al parecer existe un criterio adverso ahora, respecto a las accione judiciales contra quienes son denunciados por la presunta comisión de los delitos.
Tras el reciente conflicto, se han asumido algunas acciones judiciales contra quienes habrían estado vinculados con hechos delictivos, como los destrozos y la quema de la propiedad pública y privada.
Por ello, se han asumido acciones judiciales, para establecer responsabilidades sobre los delitos que se hubieren cometido, pero con presuntos excesos de parte de la policía y los operadores de justicia.
Este es el escenario, que están denunciando de manera vehemente los miembros del Movimiento Al Socialismo, aunque como respuesta se menciona que no se puede dejar pasar la comisión de los delitos, por lo que tendrán que aplicarse sanciones contra los responsables.
En la presente coyuntura, se habla del debido proceso y la presunción de inocencia, aspectos que también fueron demandados en el pasado reciente.
Algunos analistas han mencionado que al parecer la situación se ha invertido y que se sigue con la misma práctica pero con actores distintos.
Ya se había mencionado que era crucial la independencia del órgano judicial, para que no se llegue a cometer excesos y que se “meta en la misma bolsa” a gente inocente de los verdaderos responsables de algún delito.
Es por ello que se ha mencionado permanentemente, que la justicia sólo debe aplicar eso; justicia y no venganza, como ya se ha mencionado en algunas ocasiones.
Por lo pronto y respecto al tema considerado hoy, corresponde que los organismos judiciales desarrollen sus acciones, sin ninguna afinidad política y sólo con los mecanismos que prevé la ley.
