En esta jornada, se hace necesario encarar nuevamente el tema del funcionamiento de la justicia en el país, a propósito de un pronunciamiento internacional que favorece al Alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes.
Como es de conocimiento público, recientemente se ha conocido que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un falló en favor del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, catalogando su aprehensión por los casos Mochilas I y II como una violación del derecho internacional.
En este contexto, este organismo internacional ha instado al estado boliviano, aplicar su inmediata liberación y exige que se produzca la cancelación de una indemnización.
El mismo Leyes brindaba la información a través de su cuenta de twiter, precisamente en el que hacía conocer que las Naciones Unidas, confirmaba que su detención fue arbitraria.
Además, en esta publicación de twiter, plantea que sus derechos humanos fueron vulnerados y que el gobierno de Evo Morales, manipuló la justicia en su contra.
En este contexto, han surgido muchas reacciones respecto a los alcances del fallo mencionado, pues se convierte en el primer instrumento legal con estas características, que no precisamente responden a los intereses de los gobiernos.
Por ello, se ha mencionado que este instrumento, no solo va a favorecer a Leyes, sino también a otros que se encuentren en la misma condición, pues de lo que se trata es de identificar los casos en los que se han vulnerados los derechos ciudadanos y no se aplicó el debido proceso, es mas se habla incluso de que armaron procesos judiciales para perjudicar al contendor político.
Y, precisamente, el fallo permite evidenciar que en el país se produjo una suerte de procesos armados, o como se ha denominado en su momento montaje de procesos judiciales para afectar al contrincante político, a pesar de que el anterior gobierno siempre decía que se perseguía delitos.
No fue así, y en criterio del Concejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se hace necesario resarcir el daño a Leyes, constatando con ello que de alguna manera se armó su proceso.
En todo caso y como ya lo hemos afirmado, lo sucedido con el caso de José María Leyes, de alguna manera está evidenciando el uso de la justicia para la persecución política que se produjo sin pudor en el pasado gobierno de Evo Morales.
Pero no sólo es eso, se ha mencionado que también en el gobierno actual y también en gestiones anteriores a las de Evo Morales, la justicia se convierte en un instrumento dócil del poder político.
No interesan los argumentos o la razón jurídica que pueda tener un procesado, pues si es contrario al poder político, es susceptible siempre de perder en un estrado judicial.
No es casual que en determinado momento, el ex – Presidente Morales fuera muy elocuente, al manifestar que él “le mete nomas” y que esperaba que los abogados arreglen la situación.
Este desafecto por el cumplimiento de las normas imperantes en una sociedad, se convierte en una situación bastante complicada, pues se generan desequilibrios, y la convivencia pacífica puede correr peligro, sostienen algunos analistas.
En todo caso, se trata de entender las señales que ahora llegan desde fuera del país para saber qué hacer con la justicia, y pugnar por transformaciones estructurales en este ámbito.