A través de Panamericana, el Ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, se refirió a la problemática creciente en torno a la práctica ilegal del rubro, con sus consiguientes consecuencias a nivel económico, social y medio ambiental.
La autoridad descartó que el gobierno actúe de forma tardía, como sugieren voces críticas, aunque admitió que los operativos de control se han intensificado en los últimos meses en coordinación con el Ministerio de Gobierno, con resultados satisfactorios.
Sin embargo, la senadora de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, no se mostró convencida por los esfuerzos del gobierno y a tiempo de subrayar los riesgos de la minería ilegal, ratificó su percepción de que el descontrol es evidente en la cuenca amazónica.
La legisladora de oposición agregó que el argumento de que el ministro del área fue posesionado recientemente, no es válido para justificar un supuesto descuido en el tema, ya que la responsabilidad de combatir el ilícito corresponde al estado boliviano.
Entretanto, la presidenta de la cooperativa minera Asociación de Balseros (Asobal) de Beni, Elizabeth Coronado, ratificó el estado de emergencia de la entidad tras un operativo policial que derivó en la destrucción de más de 25 dragas y la aprehensión de 57 mineros presuntamente dedicados a la actividad ilegal.
La dirigente de Asobal confirmó la decisión de otorgar a las autoridades un plazo hasta las 16:00 horas de hoy para liberar a la totalidad de los detenidos, ya que varios sectores sociales han expresado solidaridad por el atropello sufrido, dice, y se sumarán a un eventual bloqueo.
PANAMERICANA.
