El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró categóricamente que el Decreto Supremo 5503 no será abrogado ni reemplazado por una nueva normativa, tal como lo ha solicitado la Central Obrera Boliviana (COB). En una entrevista con Panamericana, el alto funcionario argumentó que la ley ya se encuentra en plena vigencia, lo que, desde una perspectiva jurídica y conceptual, hace inviable su derogación.
Lupo, el ministro de la Presidencia, reiteró la disposición del Gobierno a mantener un diálogo abierto y a socializar los alcances del decreto. Además, desestimó las críticas de sectores en protesta que acusan al Ejecutivo de supuesta venta de recursos naturales, calificándolas de "sesgadas" y de ser utilizadas como una "bandera política" sin fundamentos sólidos.
El titular de la cartera de la Presidencia, Lupo, reconoció que, como toda norma, el Decreto 5503 es susceptible de mejora. En este sentido, anunció que se reforzará de manera responsable el trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa Plurinacional para perfeccionar la normativa, asegurando que cualquier ajuste se realizará dentro del marco legal vigente.
Por su parte, el sector de los jubilados, a través de su representante Rodolfo Ayala, reafirmó la posición de la Central Obrera Boliviana (COB) de exigir la abrogación del cuestionado decreto, al que considera inconstitucional. Ayala, el vocero de los jubilados, criticó la estrategia gubernamental, acusándola de intentar desinformar a la población más vulnerable y de desprestigiar la labor de los dirigentes sindicales.
El dirigente Ayala subrayó que la COB mantiene firme su demanda de anular el Decreto Supremo 5503, insistiendo en que la inconstitucionalidad de la norma exige su inmediata abrogación. La Central Obrera Boliviana busca que, en su lugar, se elabore una nueva propuesta legislativa que mantenga los aspectos más relevantes, pero que sea fruto de un consenso real con los trabajadores y la sociedad.
