Jueves 14 de mayo de 2026: Los marchistas de territorios indígenas, quienes se habían movilizado en oposición a la Ley 1720, celebran hoy su abrogación, un objetivo largamente buscado. En comunicación con Panamericana, el presidente de la Central de Pueblos Moxeños, Víctor Manuel Iva Palacios, manifestó su completa conformidad con la decisión legislativa y anunció que, tras lograr su cometido, los participantes de la marcha retornarán progresivamente a sus respectivas regiones de origen. Este retorno marca el cumplimiento de una de sus principales exigencias.
El dirigente Iva Palacios detalló que la decisión de regresar a sus hogares se da luego de recibir informes cruciales sobre proyectos de ley que exigen un proceso de socialización con las bases. Este proceso permitirá a los representantes comunicar de manera efectiva los alcances de las negociaciones y los futuros desafíos legislativos directamente a sus comunidades, asegurando una participación informada en las próximas etapas de diseño normativo.
Además de conseguir la anulación de la ley observada, el presidente de los Pueblos Moxeños, Palacios, subrayó que las acciones de protesta han fortalecido considerablemente a los sectores originario-campesinos. Esta cohesión les permitirá defender intereses compartidos con mayor vehemencia en futuras discusiones. En un contexto donde el gobierno ha expresado su intención de elaborar una nueva normativa basada en el consenso, esta unidad es fundamental para asegurar que las futuras leyes reflejen verdaderamente las necesidades y perspectivas de estas poblaciones.
El señor Iva Palacios enfatizó que la persistencia en las medidas de presión fue clave para alcanzar este resultado favorable. La movilización, que congregó a diversas comunidades indígenas, demostró la capacidad de estos pueblos para articular demandas y ejercer influencia significativa en el ámbito político. Este suceso no solo resuelve una controversia específica, sino que también establece un precedente importante para la defensa de los derechos territoriales y culturales en el país. La abrogación de la Ley 1720, por lo tanto, no es solo el fin de una protesta, sino el inicio de una etapa de mayor empoderamiento y diálogo para los pueblos originarios de Bolivia.
