En el marco de la escalada de tensiones por los 35 días de bloqueos que aíslan a la sede de gobierno, el aparato judicial ha emitido una de las resoluciones más severas contra el liderazgo de las movilizaciones. La madrugada de este viernes, un juez cautelar determinó la detención preventiva por seis meses en contra de Justino Apaza Callisaya, alto dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de La Paz.
Graves cargos penales
La aprehensión de Apaza se ejecutó la tarde del miércoles 3 de junio mediante un operativo policial. Según el reporte de la Dirección de Comunicación del Gobierno (DIRCOM), el Ministerio Público imputó al dirigente vecinal bajo una batería de graves delitos penales que el Estado boliviano suele activar en contextos de profunda crisis institucional.
Sobre Apaza pesan los cargos de terrorismo y su financiamiento, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Asimismo, se le acusa de atentar contra la seguridad de los servicios públicos y los medios de transporte, responsabilizándolo de manera directa por el estrangulamiento logístico y el desabastecimiento que padece el departamento de La Paz.
El cabildo en El Alto y la respuesta de la COB
La captura del dirigente se produce poco después de su activa participación en un masivo cabildo de sectores sociales realizado en la Ceja de El Alto. En dicha concentración, Apaza compartió testera con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. Durante el evento, ambas figuras sindicales ratificaron la radicalización de las medidas de presión hasta lograr la renuncia del presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira.
El arresto generó una inmediata reacción en su entorno. Familiares del dirigente y miembros de la COB denunciaron públicamente que la aprehensión fue ejecutada como un presunto "secuestro" con fines de persecución política. Sin embargo, el Gobierno desestimó categóricamente estas acusaciones, señalando que los reclamos de la dirigencia quedaron sin sustento legal durante la audiencia de medidas cautelares, donde se demostró la validez del procedimiento de captura.
Contexto de judicialización de la protesta
La detención de Justino Apaza —figura históricamente ligada a la movilización de sectores periurbanos y gremiales— marca un punto de inflexión en la estrategia del Ejecutivo para desarticular la cúpula de las protestas. El uso de la figura penal de "terrorismo" refleja un endurecimiento de la política de seguridad del Estado, en línea con las recientes declaraciones del Gobierno que, respaldado por la comunidad internacional, ha comenzado a catalogar los bloqueos carreteros como actos "narcoterroristas".
Mientras las esferas gubernamentales aseguran que la reclusión del dirigente fue ponderada por una sociedad civil exhausta tras más de un mes de paralización y escasez, los sectores movilizados advierten que esta judicialización del conflicto podría avivar los enfrentamientos en las calles.
