martes. 21.07.2026

Juristas advierten injerencia del TCP y riesgo de incertidumbre electoral

En entrevista con Panamericana, el exmagistrado y abogado Marco Antonio Baldivieso advirtió que las recientes declaraciones del magistrado Iván Espada, en las que aseguró que las acciones de inconstitucionalidad admitidas no afectarán el calendario electoral, representan un posible adelanto de criterio que compromete la imparcialidad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Baldivieso recordó que el tribunal ha admitido tres acciones de inconstitucionalidad que podrían tener consecuencias directas sobre el desarrollo del proceso electoral. “Si no se querían entorpecer las elecciones, lo más prudente habría sido no admitir esas demandas, para garantizar seguridad jurídica a los bolivianos”, puntualizó.

Constitucionalistas cuestionan declaraciones como adelanto de fallo

Por su parte, el abogado constitucionalista Marcelo Gutiérrez sostuvo que tales declaraciones vulneran los principios de independencia judicial y Estado de Derecho, al anticipar resoluciones sobre causas pendientes. Añadió que este tipo de conductas incrementan la incertidumbre en el contexto electoral y recomendó a los accionantes evaluar la posibilidad de acudir a instancias internacionales si se considera que sus derechos fueron vulnerados.

Diputado denuncia admisión irregular de demanda retirada

A este panorama se sumó la denuncia del diputado Miguel Roca, quien aseguró que el TCP admitió fuera de plazo una demanda que él mismo ya había retirado. Dicha demanda estaba relacionada con la representación de los pueblos indígenas en el proceso electoral.

Roca señaló que el tribunal no sólo desoyó su retiro formal del recurso, sino que además no respondió oportunamente a las medidas cautelares solicitadas. “Esta omisión puede derivar en acciones ante organismos internacionales, porque afecta derechos colectivos de forma irreparable”, afirmó.

Los juristas coincidieron en que el actual accionar del TCP genera señales preocupantes en un proceso que exige máxima transparencia, legalidad e independencia de poderes.

PANAMERICANA.

Juristas alertan por injerencia judicial