La crisis por la mala calidad de los carburantes ha llegado a un punto límite de tolerancia para la población y el sector del transporte. En un contundente análisis brindado a Panamericana, el experto Jaime Balanza calificó el carburante distribuido por YPFB como un "veneno" que debe ser retirado inmediatamente de circulación. Desde la ciudad de Tarija, el analista relató que los talleres mecánicos se encuentran colapsados con vehículos parqueados en las afueras, siendo él mismo víctima de esta situación con su segundo motorizado afectado a la espera de atención.
Balanza explicó que las fallas catastróficas en los motores son el resultado de múltiples factores contaminantes sumados entre sí. En primer lugar, los laboratorios han detectado la presencia de asfalteno (producto de destilaciones a altas temperaturas de crudos pesados) y de manganeso, un mineral utilizado irregularmente para elevar el octanaje. A esto se suma la presencia de agua, la cual impide la correcta atomización en la cámara de combustión y provoca que los residuos se solidifiquen en los pistones y las válvulas. Sin embargo, el hallazgo más alarmante es el nivel de "gomas" (resinas y polímeros generados por la oxidación y el mal almacenaje); este indicador ha registrado valores por encima de los 30 miligramos por cada 100 mililitros, cuando el límite máximo permitido es de apenas 5 miligramos.
Lejos de solucionar el problema mediante un filtrado o una redestilación adecuada, Balanza denunció que el Gobierno intentó "rehabilitar torpemente el combustible" añadiendo "aditivos con disolventes, con solventes, con dispersantes y con detergentes". Esta cuestionable práctica técnica ha terminado destruyendo los retenes y los sistemas de inyección, acelerando el daño en la compresión del motor de los vehículos.
Ante este panorama, el analista cuestionó severamente la inacción del Estado para cortar los vínculos con los proveedores internacionales históricos, como Vitol y Trafigura. "¿Por qué no podemos desvincularnos de estos proveedores? (...) ¿Nos están fiando, nos están donando el combustible?", interpeló Balanza, sugiriendo que la falta de firmeza oficial podría deberse a arreglos financieros de la actual administración.
En este punto, durante la entrevista se expuso una grave contradicción oficial: mientras el Gobierno anunció la suspensión temporal de estos acuerdos para dar paso a investigaciones, las versiones internacionales de empresas como Trafigura aseguran que sus contratos con YPFB siguen plenamente vigentes, que continúan cumpliendo sus obligaciones y que no han recibido ninguna observación formal por parte de la empresa estatal boliviana.
