En comunicación con Panamericana, el abogado Jorge Valda, representante de dirigentes cívicos del municipio de Puerto Quijarro en el departamento de Santa Cruz, ratificó que sus defendidos son víctimas de persecución del gobierno. El cual los responsabiliza por el deceso del funcionario edil Julio Taborga durante el primer día de paro indefinido por el censo durante 2023.
De acuerdo al jurista, la autopsia develó contradicciones con la versión que apunta a agresiones físicas directas contra el fallecido. Sostuvo además que la esposa de Taborga compartió información que habría obtenido a manera de referencia, sin ser testigo del hecho, y en este sentido, reafirmó que el poder político instrumentaliza una tragedia a su conveniencia.
Valda lamentó además que el alcalde de Puerto Quijarro haga caso omiso a la conminatoria de renuncia otorgada por el movimiento cívico por antecedentes negativos. Además, informó sobre este punto que próximamente se efectuará una nueva reunión de análisis.
PANAMERICANA.
