En medio del debate sobre la situación económica del país, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el que advierte que Bolivia atraviesa una situación financiera compleja. Según el organismo, el país requiere un ajuste fiscal gradual y una devaluación de la moneda para facilitar la acumulación de Reservas Internacionales Netas.
El informe señala que "los directores pidieron un compromiso constructivo sobre una combinación de políticas sostenibles, lo que probablemente requerirá tanto un ajuste fiscal gradual en los próximos años como una devaluación inicial para abordar más rápidamente el desequilibrio externo y permitir la acumulación de reservas". Asimismo, recomienda mejorar la seguridad social para proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer las instituciones para respaldar el ajuste planificado.
Desde el gobierno, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, desestimó el informe al señalar que se basa en datos desactualizados y que no toma en cuenta medidas recientes implementadas por el Ejecutivo. No obstante, uno de los puntos que ha generado mayor debate es el incremento de la deuda pública, que según el FMI, alcanzó casi el 84% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023.
El informe no ha pasado desapercibido para la ciudadanía, que observa con preocupación la situación económica y cuestiona las declaraciones gubernamentales que minimizan los riesgos. Paralelamente, algunos sectores han denunciado que el gobierno intentó ocultar el documento, lo que ha desatado críticas desde la oposición y otras instituciones. Legisladores han sido especialmente duros al señalar que la crisis económica es evidente y que no se puede seguir negando la realidad.
En respuesta a estas advertencias, diversas organizaciones han anunciado medidas de presión para exigir cambios en las políticas económicas. Entre ellas, se encuentra el rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que habilita la confiscación de mercaderías y productos, afectando a sectores productivos, transportistas y comerciantes minoristas.
A medida que la incertidumbre crece, analistas consideran que la economía será un tema clave en las elecciones del 17 de agosto de 2025. Los candidatos deberán presentar propuestas claras para enfrentar los desafíos financieros del país y definir estrategias para garantizar la estabilidad económica.
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