El sector vitivinícola en Tarija rechazó un proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Diputados que establece gravámenes de 40 centavos por litro para vinos y 1.30 bolivianos por litro para singani. Fernando Galarza, vicepresidente de los empresarios en Tarija, calificó esta medida como “desmotivante” y “lapidaria” para la industria, denunciando que fue aprobada sin consulta previa y durante una sesión nocturna. Señaló que estos nuevos impuestos podrían poner en riesgo miles de empleos y desincentivar la producción nacional.
Paralelamente, Sonia Soruco, gerente general de la Cámara Nacional de Industrias, alertó sobre la inseguridad jurídica generada por esta normativa que afecta a distintos sectores productivos. Criticó que el proceso legislativo se haya realizado apresuradamente al final de la actual legislatura y destacó contradicciones en el proyecto, como la inclusión de bebidas no alcohólicas en las tablas impositivas, lo que podría incluso afectar al agua embotellada, generando confusión e incertidumbre en el mercado.
El sector industrial solicitó que se detenga la aprobación de este proyecto para que se pueda debatir con mayor detalle en la próxima legislatura, enfatizando que la medida técnica y jurídicamente tiene serias falencias que deben ser corregidas para no afectar la cadena productiva ni la seguridad jurídica de los empresarios.
El rechazo conjunto de industriales y vitivinícolas pone en evidencia la preocupación por el impacto económico y social que podría generar un impuesto de esta naturaleza, en especial en un sector exportador y generador de empleo como el de Tarija, que requiere políticas claras y favorables para su desarrollo sostenible.
PANAMERICANA.
