Según el texto difundido, el decreto apunta a facilitar la entrega de tierras a comunidades campesinas e indígenas con solicitud formal y sin sobreposición de superficies, previa evaluación técnica y legal del INRA. La medida también prioriza expedientes en Pando y Beni y ordena fortalecer la protección de la pequeña propiedad agraria.
Revisión de concesiones
La disposición también instruye a la ABT revisar concesiones forestales maderables y no maderables para verificar su vigencia, su uso y la posible presencia de asentamientos comunitarios. Si se detectan irregularidades, esas áreas podrían revertirse y pasar al Estado como tierras fiscales disponibles para continuar el proceso de dotación.
Modernización del INRA
El decreto incluye la digitalización de expedientes agrarios y registros georreferenciados como parte de la modernización institucional. Con eso, el Gobierno busca ordenar trámites, acelerar la atención de solicitudes y reforzar la seguridad jurídica en el área agraria.
Contexto de la marcha
La decisión se da mientras la marcha indígena avanza hacia La Paz. La movilización comenzó el 8 de abril y llegó a Caranavi con el pedido de abrogar la Ley 1720, que permite la reconversión de la pequeña a mediana propiedad.
Lo que viene
Los movilizados sostienen que la ley afecta territorios indígenas y pequeñas propiedades productivas, mientras el Gobierno apuesta por el decreto como vía para atender parte de la demanda. El pulso político sigue abierto y la marcha continúa rumbo a la sede de gobierno.
