A tiempo de reafirmar la disposición al diálogo por parte del gobierno nacional sobre el censo de población y vivienda, Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, confirmó a Panamericana la posibilidad de elaborar una nueva norma que dé conformidad al movimiento cívico que exige realizar el proceso durante 2023.
La autoridad remarcó que el debate es mucho más complejo que la definición de una fecha y debe involucrar a todos los actores interesados. Para generar resultados confiables y certeros para el adecuado diseño de políticas públicas bajo un enfoque técnico.
Sobre el tema, Iván Arias, alcalde de La Paz, reiteró la propuesta de programar una gran cumbre nacional que reúna a autoridades, instituciones y universidades de todo el país. A fin de elaborar un cronograma consensuado y en esta línea anunció una marcha pacífica que se efectuará mañana por la tarde.
A propósito, expresó deseos de que la convulsión actual en la sede de gobierno no entorpezca dicha movilización. El burgomaestre aseveró que a fin de implementar una de las propuestas técnicas presentadas por profesionales de Santa Cruz, La Paz o del INE, es preciso abrogar el cuestionado Decreto Supremo 4760, cuya vigencia es motivo de conflictividad.
En torno a la temática, Julio Alvarado, analista y activista del Conade, expresó respaldo a la anunciada marcha planificada por la Asamblea de la Paceñidad, a tiempo de advertir que a diferencia de la movilización del sector minero, esta expresión democrática podría ser amenazada por grupos de choque afines al MAS.
El diplomático abogó por escenario de diálogo y lamentó la falta de apertura a que la Iglesia Católica asuma un rol de mediación bajo argumentos que carecen de sustento, dice, pues su participación en la búsqueda de soluciones no implica conocimiento ni experiencia en materia estadística.
Entretanto, Roberto Gutiérrez, asesor de la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ponderó la firmeza del paro indefinido que ingresó a su cuarto día y resaltó las motivaciones de los sectores que se adhirieron a la medida de presión por tratarse de un tema de interés nacional.
El líder cívico criticó la intención del gobierno central de dilatar el tema y dificultar la solución accediendo al pedido de abrogación del decreto referido al censo, alimentando las sospechas de cálculos políticos.
Gutiérrez insistió además en la pertinencia de contar con un ente imparcial y confiable como la Iglesia Católica para garantizar seguridad a los interesados. Asimismo, responsabilizó al presidente Luis Arce por los posibles desmanes durante la paralización de actividades.
Empero, el anunciado cerco al departamento de Santa Cruz en rechazo al paro indefinido ya comenzó según informó el alcalde del municipio de La Guardia, Rufino Correa, quien además aseguró comprender las motivaciones de sectores afines al gobierno.
El alcalde dio cuenta de relativa normalidad en su región aunque admitió que el posible perjuicio por la convulsión social es perjudicial para toda la sociedad y en este sentido se sumó al pedido de diálogo oportuno.
PANAMERICANA.
