El abogado y activista por los derechos humanos, Franco Albarracín, transmitió a través de Panamericana preocupación por el hecho de que el relator de Naciones Unidas, Marcos Orellana, cite la situación boliviana como ejemplo de vulneraciones a pueblos indígenas por contaminación ambiental y uso del mercurio en la minería aurífera, entre otros factores de riesgo.
El jurista resaltó el contexto en el que se expone la realidad en Bolivia a tiempo de hacer un llamado a las autoridades para dar cumplimiento a normas nacionales y tratados internacionales referidos a este ámbito.
Albarracín lamentó que varias comunidades se vean afectadas a nivel social, económico, alimentario y productivo, sin acciones efectivas del gobierno que a su vez “pregona un doble discurso de cuidado a la naturaleza”.
Además, alertó el impacto del informe ante la Organización de Naciones Unidas por reflejar la pasividad del estado boliviano.
Sobre el complejo tema, la senadora de la alianza Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, coincidió en las críticas a la regulación gubernamental y recordó los alcances de una acción popular presentada en aras de proteger al parque natural Madidi de la minería descontrolada.
La legisladora advirtió los graves riesgos de la actividad aurífera que contempla el uso de mercurio y la ausencia de control al respecto.
Por ello, exhortó al gobierno a dar cumplimiento a sus obligaciones y ofrecer alternativas modernas a la minería legal.
PANAMERICANA.
