En Panamericana, el analista económico Hugo Siles Espada, formuló consideraciones sobre el impacto del paro indefinido que se acata en el departamento de Santa Cruz por décima jornada, en exigencia de que el censo de población y vivienda se efectúe durante la siguiente gestión y no en 2024 como estima el gobierno.
Para el experto, es preciso evaluar los efectos de la extrema medida en distintos niveles como ser social, político y financiero, en vista de las millonarias pérdidas y sus repercusiones en la producción y el consumo nacional.
Siles remarcó que un cese de actividades afecta notablemente a la economía de los hogares bolivianos, dado que genera presión de carácter inflacionario sobre productos básicos de la canasta familiar.
Finalmente, el analista advirtió que en la coyuntura, resulta beneficiado el delito del contrabando en desmedro de la producción nacional.
En torno al análisis social y la vulneración de derechos laborales, la activista y ex representante de las esposas de policías en el país, Guadalupe Cárdenas, lamentó la situación de este sector sometido, dice, a abusos del gobierno y denunció condiciones inadecuadas para su traslado al departamento de Santa Cruz.
Cárdenas responsabilizó además al poder político por el despliegue irregular de miles de simpatizantes del MAS desde el trópico cochabambino para azuzar, dice, a los movilizados por una causa cívica, y aplicar la conocida estrategia masista de propagar temor.
Acerca de las denuncias de policías afectados en sus derechos por instrucciones políticas, René Calla, coronel en servicio pasivo, explicó cómo debería implementarse un operativo de seguridad debidamente planificado en apego a aspectos administrativos y laborales.
Calla cuestionó el nivel de coordinación nacional entre las fuerzas del orden para dar lugar a cuestionamientos y delaciones que demuestran una labor improvisada y arbitraria. Asimismo, observó el trato diferencial de la justicia según casos que implican a uniformados.
Sin embargo, los criterios expuestos fueron rebatidos por el analista político Emilio Rodas, quien detectó una pérdida de racionalidad por parte del comité interinstitucional promotor del censo durante 2023 en el departamento de Santa Cruz, en vista de que identifica una postura radical y agresiva.
Rodas auguró que el paro indefinido será levantado en el transcurso de esta semana por las cuantiosas pérdidas económicas que supone, y la necesidad de la población de retomar sus actividades regulares.
Empero, demostrando que el movimiento cívico por el censo en el año 2023 no se reduce a Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Adolfo Camacho, expresó solidaridad con el pueblo movilizado y anunció una marcha por la dignidad regional que partirá esta tarde para culminar en un cabildo.
Camacho agregó que desde la gobernación de Oruro se programó también una movilización por el orgullo departamental en defensa de la paz y la democracia en Bolivia.
PANAMERICANA.
