En Panamericana, la senadora de la alianza opositora Creemos, Centa Rek, formuló criterios sobre las preocupaciones ciudadanas enfocadas en la posibilidad de suspender las elecciones primarias priorizando las judiciales, pero añadiendo al proceso una consulta popular.
Según manifiesta la legisladora, si bien se perfila la renovación del órgano judicial por parte del Tribunal Supremo Electoral, ya surgen augurios de dificultad y desinformación si se efectúan los comicios con preguntas agregadas sobre temas de alta complejidad.
Para Rek la coyuntura refleja un evidente trasfondo político, en vista de que el gobierno de Luis Arce insiste, dice, en aplicar una estrategia de manipulación del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son cuestionados por su “auto prórroga”, y ahora pretende persuadir también al Tribunal Electoral según sus intereses.
Empero, la legisladora del Movimiento Al Socialismo afín a la corriente “arcista”, Ana María Castillo, rebatió las críticas y clarificó que si existen intenciones políticas, no proceden del órgano ejecutivo, sino de la facción “evista” de su partido a través del presidente de la Cámara de senadores, Andrónico Rodríguez.
Por otro lado, Castillo se refirió al requisito para postulantes a las elecciones judiciales de renunciar a cargos públicos tres meses antes del proceso, al margen de reafirmar el compromiso del gobierno de concretar la reforma judicial y promover la democracia participativa en la toma de decisiones.
Sobre el tema, el abogado constitucionalista y asesor del senado, Israel Quino, corroboró el requisito de renuncia previa para aspirantes a las altas magistraturas según la Constitución Política del Estado, y remarcó que las previsiones del órgano electoral para efectuar los comicios el 1 de diciembre implican la elaboración cuidadosa de un cronograma.
Así también, Quino evaluó las advertencias en sentido de que procedimientos simultáneos y de gran relevancia podrían generar un voto desinformado entre los electores, mientras motivaciones partidarias presionan para suprimir atribuciones de la Asamblea Legislativa.
De su lado, el jurista e investigador Luis Alberto Ruiz, expuso reparos en torno a la viabilidad de efectuar las elecciones judiciales el primer día de diciembre, por el nivel de credibilidad en el Tribunal Constitucional para eludir interferencias políticas.
Ruiz, detectó ausencia de garantías para considerar el proceso como inminente, dado que a su juicio, la institucionalidad del país ha sido secuestrada por maniobras irregulares.
Por su parte, el analista jurídico Ricardo Fuentes compartió opiniones sobre el peligro de desinformación si se desarrolla el plebiscito planteado por el presidente Luis Arce, y consideró prematuro definir el impacto que tendrán las futuras preguntas sobre la colectividad.
Fuentes manifestó que las suspicacias vertidas son comprensibles en el actual contexto, pero abogó por prudencia antes de desahuciar un mecanismo de democracia participativa y adelantar criterios sobre interrogantes que ni siquiera fueron elaboradas como corresponde.
PANAMERICANA.
