La Ley 1352, promulgada en 2020, establece que autoridades como presidentes, vicepresidentes, ministros, asambleístas y máximos ejecutivos de entidades públicas deben permanecer obligatoriamente en Bolivia por tres meses luego de finalizar su mandato, para rendir los informes necesarios a las nuevas autoridades.
Alarcón solicitó que la Contraloría y la Dirección de Migración publiquen las listas de exautoridades sujetas a esta obligación, asegurando así el control social y el cumplimiento de la norma.
Además, el diputado comentó la situación de magistrados que extendieron su mandato sin ser invitados a actos oficiales recientes, calificándolo como un cambio de postura institucional y anunció que su bancada presentará una nueva propuesta de ley para regular la continuidad de estas autoridades y fortalecer el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La propuesta busca consolidar mecanismos legales claros para evitar vacíos normativos y garantizar la institucionalidad democrática.
PANAMERICANA.
