La diputada Andrea Ballivián, miembro de la alianza política "Unidad", ha lanzado duras críticas contra el Servicio Nacional de Migración (SENAMIG) por su deficiente respuesta a una petición de informe escrito. La legisladora Ballivián reveló que el documento oficial confirmó la salida del territorio nacional de una considerable cantidad de exautoridades, antiguos parlamentarios y exfuncionarios públicos. Este hecho, según la diputada Ballivián, contraviene directamente la Ley 1352, una normativa vigente que impone un impedimento de salida del país por un plazo de tres meses para este tipo de individuos, una medida diseñada para garantizar la rendición de cuentas.
La parlamentaria Ballivián expresó su profundo descontento con la gestión y el cumplimiento de las regulaciones en la mencionada institución. Rechazó enfáticamente la excusa proporcionada por el SENAMIG, que alegaba haber comunicado una advertencia de forma verbal a los implicados. Para la diputada Ballivián, esta justificación carece de validez legal y demuestra una falta de seriedad. Además, resaltó que entre los casos observados de salidas irregulares se encuentra la exdiputada Laura Rojas, quien está vinculada al sonado caso de las maletas con ingreso irregular al país, evidenciando una preocupante laxitud en los controles migratorios.
Este patrón de incumplimiento, según la representante Ballivián, genera una seria preocupación sobre la eficacia de las instituciones del Estado en aplicar sus propias leyes y proteger los intereses nacionales. La vulneración de la Ley 1352 no solo compromete la búsqueda de justicia, sino que también socava la confianza pública en el sistema. Frente a esta situación, la diputada Andrea Ballivián confirmó que presentará una minuta de comunicación, solicitando al Ministerio de Gobierno la emisión de una disposición administrativa clara. El objetivo es asegurar el cumplimiento irrestricto de la Ley 1352, garantizando que Migración aplique sin excepciones las restricciones de salida para exautoridades, fortaleciendo así el marco legal y la responsabilidad institucional.
