En comunicación con Panamericana, el politólogo, Marcelo Arequipa, formuló consideraciones sobre el clima conflictivo a nivel político y social en Bolivia, a raíz de la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
A su parecer, existen contradicciones llamativas por parte del gobierno del MAS, así como del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Sobre este último, cuestionó a su máximo representante, Rómulo Calvo, por inducir a la limitación de recursos básicos después de haber criticado con dureza al expresidente Evo Morales por actuar de la misma forma.
En torno a la factibilidad de que la protesta originada en Santa Cruz adquiera contundencia a nivel nacional, el analista identificó dificultades para tal escenario, en vista dice, de que Camacho no genera empatía en todos los departamentos al punto de motivar una movilización espontánea.
Además, Arequipa afirmó que el contexto actual da nuevas oportunidades a la emergencia de liderazgos opositores desde la región oriental.
Añadiendo otra observación al accionar de las autoridades de estado, el exsenador, Lino Villca, cuestionó el discurso que hace alusión a la búsqueda de justicia por los hechos luctuosos del año 2019, relegando los acontecimientos del denominado “octubre negro” en 2003.
Villca exhortó a las figuras prominentes del MAS a incorporar las demandas relacionadas a la “guerra del gas” al intento de agilizar sanciones para los responsables de supuestas masacres.
Por su parte, el analista, Pedro Ugarte, expusó su percepción de que el caso de Luis Fernando Camacho ha sido altamente politizado por algunos grupos de Santa Cruz, pues la situación de la autoridad es estrictamente jurídica.
Ugarte, también compartió criterios sobre posibles mediadores en la problemática y el rol de la policía boliviana.
PANAMERICANA.
