La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Yolanda Herrera, actualizó a Panamericana el delicado estado de la activista Amparo Carvajal que preside dicha entidad, y cuya vida está en riesgo por el incumplimiento de un fallo que prohíbe acciones de hostigamiento hacia su persona.
A tiempo de condenar el trato inhumano e indigno que observa, Herrera informó que la supervisión médica a la histórica defensora de derechos humanos se efectúa con varias limitaciones.
Agregó que ante el dramático panorama, los afectados por la toma de los ambientes localizados en el centro paceño, han recurrido a organismos internacionales para que se establezca eventualmente una sanción al estado boliviano.
La activista Roxana Bedregal, corroboró el escenario descrito y reafirmó que la campaña de amedrentamiento contra Carvajal persiste, pues varias personas estarían ejerciendo violencia psicológica y produciendo incomodidad a la presidenta legítima de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Bedregal pidió a las autoridades tomar acciones urgentes y efectivas para que el fallo judicial en cuestión se cumpla y preserva la integridad de la afectada.
Sin embargo, el presidente de la asamblea paralela vinculada al partido de gobierno por varias voces críticas, Edgar Salazar, aclaró que las decisiones de Carvajal son tomadas de forma voluntaria y negó que exista una campaña de amedrentamiento desde su organización.
Según manifestó, permitir el acceso a servicios sanitarios en el inmueble avasallado implicaría desobedecer una orden judicial y podría acarrear graves consecuencias, pese a la paradoja que muchos observan en esta actitud y su presunta defensa de derechos humanos. Por ello, dio cuenta de dos recursos jurídicos presentados.
Finalmente, Salazar ratificó predisposición al diálogo con la mediación de la Defensoría del Pueblo.
PANAMERICANA.
