Evelyn Cossío, abogada del dirigente cocalero de La Paz César Apaza, expuso a Panamericana varias irregularidades en el caso de su defendido, quien se encuentra delicado de salud, y reafirmó intenciones políticas para que una junta médica privada le extienda el alta médica y viabilice su retorno al penal de Chonchocoro.
Según reportó, los galenos y representantes de la Defensoría del Pueblo, restringieron el acceso a la cita de evaluación del paciente, generando sospechas de que existen cálculos previos para forzar su retorno al recinto penitenciario mencionado, a pesar del grave cuadro clínico.
La jurista, relató cómo se desechó el planteamiento de que una junta especializada del Colegio Médico de La Paz, analice las acciones pertinentes, para dar preferencia a otro grupo de profesionales que no goza de la confianza del entorno de Apaza.
En todo caso, recalcó que aún queda pendiente una prueba médica para el paciente, antes de arribar a conclusiones sobre su posible evolución.
Para Cossío, es evidente la existencia de una suerte de sometimiento de los actuales dirigentes de Adepcoca con sus representantes considerados perseguidos políticos y su renuencia de contar con una asesoría legal crítica a las imposiciones del poder gubernamental.
Sobre la misma temática, Diego Cahuapaza, dirigente de la Federación de Productores de Coca de Chulumani en Los Yungas de La Paz, coincidió en reprochar la indiferencia que observa entre representantes de la entidad departamental, en vista de que el apoyo a quienes se encuentran en situaciones complicadas se debilitó notoriamente.
Al margen de contrastar la recaudación destinada a César Apaza que lograron las bases regionales con la de Adepcoca, el dirigente reafirmó que los productores han perdido su cualidad de contestatarios al gobierno del MAS, para suscribir un pacto a cambio de frenar la persecución judicial.
PANAMERICANA.
