El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación del Ministerio de Justicia en medio de un escándalo relacionado con el nombramiento de su titular, Freddy Vidovic, quien ocultó una sentencia ejecutoriada. Esta decisión busca garantizar la independencia del sistema judicial y poner fin a la injerencia política en la administración de justicia.
El abogado y ex ministro del área, Carlos Alberto Goitia, cuestionó la decisión, calificándola de apresurada y limitada, ya que no considera la complejidad y el amplio alcance de funciones que realiza dicho ministerio. Para Goitia, la medida simplifica un problema estructural mayor que demanda intervenciones más profundas.
Por su parte, el analista y abogado constitucionalista Williams Bascopé señaló que la reforma judicial no debe pasar por la eliminación de instituciones, sino por el cambio de funcionarios afectados por intereses políticos. Enfatizó la necesidad de fortalecer la formación ética y profesional de los servidores judiciales y propuso medidas como el cese de magistrados “auto prorrogados” para recuperar la confianza en el sistema.
El cierre del Ministerio de Justicia fue calificado también como un acto para erradicar la persecución política y la corrupción ligada a la venta de sentencias, problemas históricos que ese despacho acumuló durante los gobiernos anteriores. Sin embargo, la medida genera debate sobre la continuidad de políticas públicas y la garantía de derechos en el sistema judicial.
PANAMERICANA.
