El exviceministro Ramiro Cabrero calificó el incremento salarial dispuesto por el Gobierno como una “trampa”, derivada de una mala administración pública. A su juicio, la medida solo beneficiará a una minoría con empleo formal y generará mayor inflación, perjudicando especialmente a pequeñas y medianas empresas.
En esa línea, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, señaló que la decisión agravará la situación del sector formal, que representa apenas el 16% de la economía. Sugirió que el incremento no sea retroactivo, ya que muchas empresas no tienen liquidez suficiente, y alertó sobre los efectos negativos en la estabilidad laboral y en la atracción de inversiones.
Desde el ámbito político, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, calificó el aumento como una decisión irresponsable del presidente Luis Arce, con motivaciones electorales. Anunció que renunciará al beneficio y pidió lo mismo a otros legisladores y autoridades. También solicitó que el aumento no se extienda a las rentas vitalicias de exmandatarios.
El analista Julio Choque explicó que el incremento responde a una política estatal aplicada anualmente y fundamentada esta vez en la inflación acumulada de 2024, que alcanzó el 9,5%. Añadió que los legisladores no deberían percibir el aumento, ya que no han contribuido a resolver la crisis económica.
Por su parte, el Magisterio Urbano de La Paz manifestó su descontento con el aumento del 10% al salario mínimo y del 5% al haber básico, al considerarlo insuficiente. Anunció una movilización para este 1º de mayo en rechazo al acuerdo entre el Gobierno y la COB.
PANAMERICANA.
