El tratamiento de los contratos para la explotación e industrialización del litio en Bolivia sigue generando controversia en la Asamblea Legislativa y sectores sociales. El diputado de Comunidad Ciudadana, Guillermo Benavides, denunció presuntas irregularidades y calificó de inconstitucionales varios aspectos de las condiciones contractuales planteadas por el Ejecutivo.
“Estos contratos no están alineados con la normativa nacional ni garantizan beneficios reales para el país”, declaró Benavides, miembro de la Comisión de Energía e Hidrocarburos.
Por su parte, el diputado potosino Juan Pardo destacó que estudios de universidades y centros especializados han advertido riesgos financieros y ambientales, además de posibles pérdidas para el Estado.
La crítica también provino desde el sector campesino. Yamilé Cruz, dirigente de la Federación Regional del Altiplano sur de Potosí, rechazó los proyectos en curso y aseguró que existen intereses económicos ocultos. Además, denunció persecución contra quienes expresan su oposición.
En respuesta, el gerente legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina, aseguró que los contratos no implican riesgos financieros para el Estado y que los procesos aún se encuentran en una etapa preliminar. Afirmó que la consulta previa solo puede efectuarse una vez que existan diseños finales y datos técnicos sobre el impacto de los proyectos.
PANAMERICANA.
