El recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha formulado compromisos específicos para el inicio de su gestión, programada para el 8 de noviembre. Entre sus promesas, el mandatario aseguró la disponibilidad de combustible en todo el territorio nacional desde el primer día de su mandato. Asimismo, Paz se comprometió a estabilizar el tipo de cambio el mismo día de su asunción, y a implementar un salario universal para todas las mujeres del país.
Por otro lado, Edman Lara ha presentado una serie de propuestas con un marcado enfoque social. El político anunció la creación de un "Bono Dignidad" de 850 bolivianos, con planes de incrementarlo progresivamente hasta alcanzar los 2.000 bolivianos. Lara también propuso un subsidio de 2.400 bolivianos para madres lactantes, la mejora del conocido "Bono Juancito Pinto", y la entrega de computadoras portátiles a cada estudiante a nivel nacional. Adicionalmente, prometió un nuevo bono de 200 bolivianos para la compra de útiles escolares y un bono de antigüedad para el magisterio.
En el ámbito económico y habitacional, Lara ofreció créditos con una tasa de interés del 3% anual, dirigidos a emprendedores y comerciantes. Para las familias sin vivienda propia, el candidato aseguró la implementación del programa "Vivienda para Todos", que contempla casas con cero cuota inicial, intereses del 3% anual y la garantía de que el Estado cubrirá el costo total de la construcción.
Frente a la crisis actual, se han propuesto diversas medidas iniciales. Entre ellas, se destaca la eliminación de la subvención a los combustibles, manteniéndola únicamente para sectores vulnerables. Los impulsores de estas iniciativas planean utilizar 300 millones de dólares ya aprobados en la Asamblea, rechazando así recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Otras acciones incluyen la congelación de empresas públicas deficitarias, la reducción de embajadores, y la disminución de impuestos y aranceles a menos del 10%. Finalmente, se plantea que el presupuesto público se divida en un 50% para el Estado central y 50% para las regiones, así como la supresión del sueldo vitalicio que reciben los expresidentes.
PANAMERICANA.
