El Comité Cívico Popular, organización que aglutina a sectores sociales de distintas regiones del país, declaró estado de emergencia por la situación económica y anunció movilizaciones si el gobierno no responde a sus demandas.
Según su presidente, Erik Ali, representantes de cinco departamentos se reunieron en Sucre y decidieron iniciar acciones de presión conjunta con el Comité Cívico Pro Ciudad de El Alto. Las exigencias se centran en la provisión de combustibles, el control del alza de precios y la atención a los sectores más golpeados por la crisis.
Ali también informó que en junio se realizará un congreso nacional para discutir propuestas con especialistas y buscar soluciones estructurales. Entre las iniciativas se encuentra la producción de diésel a partir de reciclaje, una propuesta que —afirma— no ha sido atendida por las autoridades.
Silvia Mayta, representante de la microempresa en Viacha, confirmó su participación en la marcha multisectorial convocada. Denunció que el contrabando a la inversa y el encarecimiento de insumos está afectando gravemente a los pequeños productores.
En paralelo, se agudiza una disputa por la dirigencia del Comité Cívico Popular. Roxana Molina aseguró que ella es la presidenta legítima y única reconocida con personería jurídica, desautorizando a Erik Ali y denunciando la existencia de dos facciones.
PANAMERICANA.
