Según la investigación, no existe evidencia ni prueba que indique que el desplazamiento de efectivos militares en Plaza Murillo fue un acto violento y planificado para derrocar el orden constitucional.
Se descartó la posibilidad de un “auto golpe” y se atribuyó el episodio al presunto incumplimiento de compromisos, sin intención clara de deponer al entonces presidente Luis Arce.
Aunque la comisión no logró entrevistar al principal acusado, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, se presentó un informe unánime que describe el hecho como una “tramoya” o maniobra política más que un intento real de golpe.
El documento fue aprobado por unanimidad y remitido a la Fiscalía para las acciones pertinentes, con testimonios que reflejan la ausencia de planificación o logística conspirativa para un derrocamiento.
