Las movilizaciones de transportistas en Oruro continúan hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, debido a la preocupación por el combustible de mala calidad que está dañando sus vehículos de servicio. Tanto el sector urbano como los conductores de rutas internacionales han reportado características anómalas en el diésel y exigen la identificación de los responsables por esta negligencia.
Jorge Gutiérrez, dirigente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de Oruro, manifestó que la raíz del problema reside en el monopolio que ejerce Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Gutiérrez instó a las autoridades a facilitar la importación privada de carburantes, buscando así asegurar la buena calidad del producto y fomentar precios competitivos para el consumidor final.
Por su parte, Lucio Méndez, secretario de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro, atribuyó la reciente concentración de su sector a la pérdida de credibilidad del gobierno. Méndez recordó que el Ejecutivo se había comprometido previamente a subsanar las fallas detectadas en la distribución de combustibles, promesas que, según el secretario Méndez, no se han materializado.
El dirigente Méndez también reprochó al gobierno por su tardío reconocimiento de las falencias heredadas de la gestión anterior, así como por su inacción frente a problemáticas que pudieron haber sido corregidas o, al menos, comunicadas a tiempo a los posibles afectados. Esta falta de previsión ha intensificado el descontento entre los chóferes.
Desde una perspectiva de análisis, Jaime Balanza, experto en materia hidrocarburífera, ofreció una lectura crítica a la administración de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) en este ámbito. Balanza explicó que la gestión pasada fue "nefasta" por haber fragmentado el sistema institucional de rigor que regulaba el sector.
El analista Balanza responsabilizó a los intereses políticos por la erosión de la misión institucional de regularización en el área de hidrocarburos. Asimismo, Balanza lamentó la ausencia de profesionales debidamente capacitados para gestionar un sector tan vital para la economía y el bienestar de los transportistas bolivianos, situación que ha contribuido a la actual crisis de calidad.
