Ante la existencia de distintos proyectos normativos que atentarían contra derechos y libertades ciudadanas, según denuncian sectores detractores, se ha establecido un pacto multisectorial a fin de lograr contundencia en eventuales medidas de presión a nivel nacional.
Como representante del rubro sanitario, el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, afirmó que la articulación denominada “por la unidad de Bolivia” adquiere cada vez más fuerza, dado que si bien se retiró de la asamblea el proyecto de ley 304, se mantienen en debate otros que limitarían la libertad de expresión de los bolivianos.
El galeno adelantó que frente a la inconformidad generalizada, se suscribirá un acuerdo conjunto con el fin de elaborar un pliego petitorio único en el que se exigirá el retiro el resto de normas observadas por vulnerar, advierte, la libertad y la democracia.
Corroborando lo expuesto, el máximo dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, resaltó el acercamiento entre organizaciones sociales y reafirmó que el plazo para que el gobierno deje sin efecto las leyes previstas fenece este 16 de abril.
El representante gremial advirtió que sus compañeros seguirán en emergencia y dispuestos a sumarse a movilizaciones de ser preciso, al margen de anunciar que en el transcurso de la siguiente semana se comunicarán estrategias de la alianza interdirigencial.
De su lado, el secretario y vocero del Comité Cívico de La Paz, Hugo Sandóval, ratificó que las entidades a nivel departamental suman fuerzas para consolidar un movimiento de resistencia férrea a pretensiones gubernamentales de imponer normas impositivas.
Citó entre los componentes del gran pacto nacional a comerciantes minoristas, profesionales en salud, jubilados del Sistema Integral de Pensiones, maestros urbanos y transportistas, entre otros.
Según Sandóval, es importante recalcar que el comité cívico paceño se ve afectado por el paralelismo que promueve el partido de gobierno, dado que grupos afines al MAS y hasta funcionarios públicos, dice, componen asociaciones con objetivos contrarios a los suyos.
Precisamente sobre el punto expuesto, el presidente de la entidad paralela denominada “Comité cívico pro departamento de La Paz”, Flavio Chacón, manifestó que si bien la organización que representa no tiene afinidad política, rechaza toda forma de limitación a la libertad de expresión y de prensa.
Chacón afirmó que su comité en la sede de gobierno defenderá derechos constitucionales, pero al mismo tiempo abogó por un análisis profundo de las normas propuestas por el gobierno para no dar lugar a desinformación y tergiversaciones.
PANAMERICANA.
