La diputada Lissa Claros, integrante de la alianza Libre, ratificó este jueves 12 de marzo de 2026 sus contundentes observaciones respecto a Sergio Solíz, actual presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). La legisladora Claros lo vincula directamente con el prominente empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, una acusación que ha desatado un intenso debate público y que genera gran expectativa en el ámbito político nacional. Este cruce de versiones se ha convertido en un tema de dominio general, marcando la agenda mediática desde la designación del titular de YLB.
El empresario Doria Medina, por su parte, ha rechazado enérgicamente cualquier tipo de relación o nexo con el funcionario Solíz, de profesión abogado, defendiendo su independencia en el sector público. El líder de Unidad Nacional aconsejó públicamente a la parlamentaria Claros que se documente adecuadamente y se informe "antes de emitir acusaciones" de esta magnitud, buscando desestimar la denuncia. No obstante, la diputada Claros no solo mantuvo firme su postura, sino que además interpretó las palabras del empresario como una clara estrategia para menoscabar su fundamental tarea de fiscalización dentro del parlamento boliviano. La representante Claros considera que esta arremetida busca deslegitimar su rol democrático y desviar la atención sobre los puntos que ha señalado.
En un desarrollo clave que promete profundizar aún más la controversia, la diputada Claros afirmó que la conexión entre el empresario Doria Medina y el gobierno nacional es "evidente", y que esta se extiende hasta la designación de altas autoridades en entidades estatales cruciales como YLB. Para respaldar y sustentar esta tesis, la legisladora de la alianza Libre anunció categóricamente que presentará pruebas irrefutables en una próxima conferencia de prensa, donde espera brindar los detalles que corroboren sus afirmaciones. La parlamentaria Claros enfatizó la seriedad de sus denuncias, señalando que estas vinculaciones plantean serias interrogantes sobre la independencia, la transparencia y la probidad en la gestión de una institución tan vital como YLB, que administra uno de los recursos estratégicos y de mayor potencial económico para el futuro de Bolivia. La diputada Claros concluyó que la supervisión ciudadana es indispensable para la salud democrática del país y para la correcta administración de sus recursos naturales.
