Tras dos jornadas de bloqueos en la capital orureña, la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal determinó levantar sus medidas de presión luego de firmar un documento de compromiso con las autoridades nacionales. En entrevista con Panamericana, el máximo ejecutivo del sector, Lucio Méndez, confirmó el cese temporal del conflicto, aunque lamentó que el Gobierno solo funcione "bajo presiones" y tras la ejecución de medidas extremas.
Según detalló el dirigente, el acuerdo suscrito se sostiene en tres pilares fundamentales que exigen soluciones inmediatas:
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Restitución del combustible: YPFB se comprometió a que, a partir de hoy, todas las estaciones de servicio del departamento cuenten con el 100% de gasolina de primera calidad (gasolina especial), retirando definitivamente la denominada "Gasolina Plus".
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Resarcimiento ágil: Se habilitará una ventanilla única de YPFB directamente en las oficinas de la Federación San Cristóbal en Oruro para centralizar y agilizar el pago por los daños económicos ocasionados a los motores de los afiliados.
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Reunión urgente con la ABC: Ante el abandono, destrozo y falta de mantenimiento de las carreteras, se fijó una reunión de emergencia para este viernes (dentro de 48 horas) con la máxima autoridad nacional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tras denunciar la inoperancia de la oficina regional ante los reclamos del transporte que paga sus peajes regularmente.
Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es el mecanismo de fiscalización. Méndez censuró duramente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por no contar con la maquinaria técnica necesaria para controlar la calidad del carburante en el departamento. Ante esta carencia estatal, anunció que los propios choferes, amparados en la ley de control social, conformarán brigadas para realizar inspecciones empíricas y "sorpresivas" tanto en la planta de YPFB como en las estaciones de servicio para verificar que se esté distribuyendo la gasolina prometida.
Méndez destacó que la paralización logró aglutinar el apoyo de diversas instituciones, como el Comité Cívico de Huanuni, cooperativas mineras, juntas vecinales y colegios de profesionales, quienes se sumaron a la protesta al comprender que el combustible defectuoso afectaba a todo el parque automotor, incluyendo vehículos particulares, ambulancias y patrullas.
Finalmente, el ejecutivo fue categórico al advertir que el levantamiento de los bloqueos es solo una "pausa". El sector ha otorgado un plazo estricto de 15 días para evaluar el cumplimiento del pacto. De no evidenciar mejoras, exigirán la renuncia inmediata de las autoridades de hidrocarburos y activarán movilizaciones a nivel nacional con el respaldo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.
Aprovechando el contacto, Méndez lanzó una seria alerta sobre reportes recientes de mala calidad en la provisión de diésel, recordando que una falla en los vehículos de transporte pesado y masivo de pasajeros puede significar pérdidas catastróficas que superan los 10.000 dólares por motor.
