Comisión especial ingresa a nueva fase en el caso YPFB-Botrading
La Comisión Especial que indaga el controvertido caso entre YPFB y la empresa Botrading S.A. inició este miércoles una nueva fase centrada en la toma de declaraciones a actores clave involucrados en la importación de combustibles. La jornada incluyó entrevistas a Joel Callau Justiniano, gerente de YPFB Logística; Miguel Ángel Colque, vicepresidente de operaciones; y Sandra Otazú, apoderada legal de Botrading en Paraguay.
El diputado Enrique Urquidi, vicepresidente de la comisión, informó a Panamericana que el objetivo de esta etapa es esclarecer puntos aún poco transparentes sobre el papel que jugó la empresa privada en las gestiones internacionales de compra de combustibles.
Se busca determinar responsabilidades antes del 26 de mayo
La comisión tiene plazo hasta el 26 de mayo para presentar un informe preliminar que será evaluado por el pleno de la Cámara de Diputados. Urquidi señaló que persisten dudas sobre los motivos que llevaron a YPFB a recurrir a un intermediario cuando la estatal podría haber actuado de forma directa.
“Nosotros hallamos muchas contradicciones en las versiones presentadas. Esta etapa es clave para entender si el accionar de Botrading realmente respondió a necesidades logísticas o a otros intereses que aún no quedan claros”, declaró el legislador.
Cuestionamientos a la utilidad real de la intermediación
En su declaración, Urquidi también cuestionó los argumentos del oficialismo, que sostiene que el uso de Botrading generó ahorros para el país. El diputado aseguró que, hasta la fecha, no se ha presentado documentación concluyente que respalde esa afirmación.
“Hay otras formas de operar en la industria del petróleo sin necesidad de una firma intermedia. Se está poniendo en duda si la existencia de Botrading fue realmente útil o si encubrió sobreprecios y favorecimientos”, sostuvo.
Contexto y relevancia del caso
El caso Botrading ha sido objeto de debate en los últimos meses por las sospechas de posibles irregularidades administrativas y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. La investigación parlamentaria busca establecer si hubo perjuicio económico para el Estado y si se vulneraron procedimientos normativos en la contratación de intermediarios.
El resultado de esta indagación podría tener consecuencias legales y políticas importantes, especialmente si se confirman responsabilidades al interior de la estatal petrolera o entre sus socios privados.
