Romero destacó que Bolivia necesita un proceso de racionalización de la función pública para mejorar la eficiencia y responder a las demandas actuales, pero recomendó que esta reforma se adapte al programa del gobierno entrante y mantenga un balance entre reducción y fortalecimiento institucional.
Afirmó que la fórmula ideal pasa por una propuesta intermedia que no genere desestabilización ni afecte negativamente los servicios públicos esenciales, buscando una modernización del Estado que garantice calidad y operatividad.
El exministro reafirmó que cada cambio debe ser cuidadosamente planeado para evitar consecuencias adversas en la administración pública y en el bienestar ciudadano, sugiriendo que las reformas se acompañen de un objetivo claro y participación amplia de actores.
Su opinión se presenta en el contexto de un debate nacional sobre cómo adaptar la estructura estatal a los retos económicos y sociales del país, sin recurrir a medidas radicales que puedan impactar la gobernabilidad.
PANAMERICANA.
