El vocal Gustavo Ávila fue elegido presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la reciente Sala Plena del organismo, instalada este fin de semana con sus nuevos integrantes.
El vocal Carlos Alberto Goitia, en declaraciones exclusivas a Panamericana, explicó que la designación de su colega se efectuó conforme a los procedimientos internos y legales establecidos para la conformación de la Sala Plena. El señor Goitia enfatizó que el vocal Ávila gozaría del explícito respaldo del actual mandatario, Rodrigo Paz, lo que, según su interpretación, le permitiría mantener su cargo como delegado presidencial. El representante del Tribunal Supremo Electoral aseguró que, mientras no exista un pronunciamiento formal que indique lo contrario, el presidente Ávila está plenamente habilitado para ejercer sus funciones al frente del organismo electoral.
No obstante, la designación y la continuidad del vocal Ávila en la presidencia del máximo ente electoral no han estado exentas de observaciones. La exdiputada y reconocida politóloga Jimena Costa ha expresado públicamente serios cuestionamientos, no solo al nombramiento del señor Ávila como titular del órgano, sino también a su permanencia como vocal. La politóloga Costa resaltó que el periodo oficial para la composición y renovación del Tribunal Supremo Electoral ha culminado, lo que, a su juicio, implicaría la necesidad de una pertinente sustitución de sus miembros.
En su análisis crítico, la politóloga Costa puso en tela de juicio la legitimidad del aludido presidente del TSE, haciendo hincapié en su previa función como delegado del expresidente Luis Arce. Esta circunstancia, según la señora Costa, podría generar percepciones de continuidad o injerencia política en un ente que debe caracterizarse por su independencia y neutralidad, aspectos cruciales para la confianza ciudadana en los procesos electorales.
Asimismo, la politóloga Jimena Costa manifestó su profunda inquietud ante lo que interpreta como una “libre interpretación de la normativa vigente” por parte de las autoridades. La académica Costa advirtió que una postura similar en el futuro podría sentar un precedente peligroso, distorsionando la ley a conveniencia personal o política.
Esta flexibilidad en la aplicación de las normas, según la señora Costa, comprometería la transparencia, la equidad y la credibilidad de los futuros procesos electorales, elementos fundamentales para la salud democrática del país. Estas observaciones subrayan la polaridad de opiniones y la tensión en torno a la dirección del máximo ente electoral del país.
