El jueves 25 de septiembre de 2025, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5461 que aprueba un incremento salarial del 5% para trabajadores de siete empresas estatales: ENDE, Entel, Gestora Pública, y las mineras Vinto, Colquiri, Huanuni y Corocoro, retroactivo al 1 de enero.
La medida exceptúa a cargos de alta jerarquía como gerentes y directores. Según el decreto, cada empresa deberá financiar el ajuste con recursos propios, sin recurrir a fondos estatales ni aumentar precios.
La senadora Daly Santa María calificó la decisión como irresponsable dado que muchas de estas empresas operan con déficit. Sugirió que el próximo gobierno debe realizar una evaluación técnica y financiera exhaustiva para definir su viabilidad.
Por su parte, Mario Delgado, presidente de la Asociación Vanguardia de Jubilados de La Paz, cuestionó el uso de utilidades de la Gestora Pública para pagar estos aumentos, señalando que esos fondos deberían priorizarse para mejorar las pensiones, calificando de discriminatoria la medida contra jubilados.
Cristian González, director ejecutivo de la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública, defendió la autosostenibilidad de las empresas y su rol clave en financiamiento de programas sociales y prestación de servicios con tarifas solidarias.
González admitió dificultades coyunturales pero insistió en que las empresas funcionan sin necesidad de transferencias del Tesoro General de la Nación, y destacó la importancia de mantenerlas como pilar del modelo económico boliviano.
PANAMERICANA.
