La asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch, aclaró aspectos relevantes sobre la condición especial de autoridades religiosas en el país, ante la noticia de que la Procuraduría General del Estado solicitó la investigación de obispos implicados en el proceso de pacificación durante la crisis política y social de 2019.
De acuerdo a la jurista, no sería la primera vez que la justicia requiere información por parte de la iglesia, ya que a fin de preservar la verdad histórica de los hechos y evitar distorsiones en un tema delicado, se ha elaborado un documento público a modo de memoria de la intervención de religiosos en el diálogo convocado en aquel entonces.
Inch afirmó que el material descrito será remitido todas las veces que se requiera ya que plasma la realidad de los acontecimientos y se apega al rol de las autoridades eclesiásticas que históricamente abogaron por procurar la concertación para solucionar problemas sin violencia.
PANAMERICANA.
