La propuesta de archivar los procesos judiciales en contra de Evo Morales fue objeto de reacción por parte de Eduardo León, abogado consultado para opinar sobre la iniciativa de ciertos sectores que apoyan al ex presidente. León sostiene que la solicitud de que el gobierno entrante instruya el archivo de dichos procesos y garantice la libre circulación es, a su juicio, un acto de cinismo, y que contradice el compromiso de las autoridades electas con la independencia y la separación de poderes.
Según el abogado, Evo Morales y los demás imputados deben asumir su responsabilidad y responder ante la justicia, por lo que el pedido de archivo representa una presión política para evitar rendición de cuentas. Añadió que la discusión de fondo gira en torno al fortalecimiento del estado de derecho y la necesidad de que el sistema judicial opere sin interferencias políticas, tal como se ha planteado en múltiples foros públicos.
¿Qué implicaría este pedido? En primer lugar, su aceptación podría interpretarse como una señal de indulgencia hacia actores con antecedentes de controversia, afectando la confianza en las instituciones. En segundo lugar, la iniciativa exigiría un marco formal que regule la actuación del poder ejecutivo respecto a procesos judiciales, preservando la autonomía del sistema judicial. Por último, su viabilidad dependería de un análisis jurídico profundo y de la voluntad política de respetar la independencia judicial y los principios constitucionales.
PANAMERICANA.
