Según la explicación de la autoridad, tras la aplicación del Decreto 5503 y el ajuste en el precio de los combustibles líquidos, el contrabando de diésel dejó de ser lucrativo, lo que ocasionó que los grupos ilícitos volcaran su atención al gas licuado, cuyo precio en Bolivia se mantiene subvencionado en 22,50 bolivianos, mientras que en territorio peruano una garrafa llega a costar entre 80 y 100 bolivianos. Kittelson señaló que esta disparidad ha generado un incentivo perverso para la fuga del energético a través de puntos fronterizos como Desaguadero, Copacabana y rutas lacustres por el Lago Titicaca.
Para mitigar la crisis, la entidad reguladora coordina con la Cámara de Engarrafadores el trabajo en horarios extendidos en la planta de Senkata, buscando reabastecer continuamente las zonas donde se detectan filas y agio. Sin embargo, la autoridad admitió que la solución de fondo es compleja y, aunque el incremento del precio "todavía no está en la mesa" para no afectar la economía de los hogares bolivianos, se analiza una "solución salomónica" que podría implicar militarizar las zonas fronterizas y triplicar los operativos de interdicción con la Policía para frenar el flujo de garrafas hacia el vecino país.
