Según Rioja, la comisión especial calificó el hecho como una “tramoya” más que un verdadero intento de golpe, pero esto no exime de responsabilidad a los funcionarios involucrados en la gestión del operativo, especialmente por posibles violaciones a los derechos de miembros del personal militar.
Se espera que se indaguen y sancionen eventuales irregularidades, abusos o incumplimientos de deberes durante el proceso, en particular en lo que se refiere a la actuación del exministro Eduardo del Castillo, quien habría vulnerado garantías constitucionales.
El abogado destacó que las consecuencias pueden extenderse tanto a los presuntos autores como a las víctimas afectadas, buscando transparencia y justicia en medio de un caso que marcó la política boliviana reciente.
Esta perspectiva contribuye al debate sobre la responsabilidad política y legal frente a episodios de alta tensión institucional, enfatizando la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar la recuperación del estado de derecho.
PANAMERICANA.
