Este lunes, 9 de febrero de 2026, David Inca, reconocido activista de derechos humanos de la ciudad de El Alto, anunció el inicio de importantes encuentros con diversas autoridades legislativas. El propósito de estas reuniones, según el defensor de la ciudadanía, es presentar y explicar en detalle la postura de la población alteña y los sectores involucrados respecto a las propuestas legislativas que buscan establecer una Ley contra los bloqueos en el país.
El activista Inca ha enfatizado la seriedad con la que abordan este tema, confirmando que ya se han remitido las notas oficiales correspondientes a las instancias legislativas. En estas comunicaciones, se ha hecho conocer de manera formal la posición consolidada sobre la controvertida normativa. El representante ciudadano subrayó la determinación de su colectivo de asegurar que sus argumentos sean plenamente comprendidos en el seno del poder legislativo.
Un aspecto central de la argumentación del señor Inca gira en torno a la imperiosa necesidad de aplicar un "control de convencionalidad" sobre cualquier iniciativa legal de esta índole. Según el activista, es fundamental que las nuevas leyes sean evaluadas rigurosamente para garantizar su conformidad con los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos a los que Bolivia está suscrita. Esta revisión es crucial para evitar posibles afectaciones a las libertades y garantías fundamentales de los ciudadanos.
El defensor de derechos humanos de El Alto advirtió que cualquier intento de restringir o modificar prácticas ciudadanas a través de una ley debe ser analizado con máxima cautela. Inca sostuvo que, si bien puede existir la intención de regular ciertas acciones, estas medidas no pueden bajo ningún concepto vulnerar derechos humanos esenciales. El activista hizo un llamado a los legisladores para que prioricen la protección de las libertades individuales y colectivas en la formulación de esta normativa.
David Inca resaltó que la experiencia histórica y las lecciones aprendidas dictan la importancia de un marco legal que no solo ordene, sino que también salvaguarde el ejercicio de la protesta y la expresión ciudadana. El activista confía en que el diálogo permitirá conciliar intereses y construir una legislación equilibrada que respete tanto el orden público como las prerrogativas inherentes a la condición humana. La voz de la ciudadanía, insistió Inca, es indispensable en este debate.
