El abogado Álvaro La Torre, durante una entrevista con Panamericana, expuso serias falencias en el sistema judicial boliviano, específicamente en el accionar del Ministerio Público. A juicio del jurista, estas deficiencias permiten que individuos acusados de graves delitos de daño económico contra los intereses del Estado eludan su responsabilidad o, en el mejor de los casos, reciban sanciones que no se condicen con la magnitud del perjuicio ocasionado a la ciudadanía.
La Torre puntualizó que el enfoque actual del Ministerio Público se centra predominantemente en el procesamiento de los sindicados. Sin embargo, el experto criticó el descuido sistemático en la eventual recuperación de los recursos desfalcados, una fase crucial que a menudo se omite. Esta falencia, según el abogado La Torre, se traduce en una falta de implementación efectiva de medidas como la anotación de bienes, lo que dificulta significativamente la restitución económica al erario público.
Para ilustrar la gravedad de la situación, el jurista citó varios casos de alto perfil, entre ellos los de Gabriela Zapata, Lidia Patty, Franklin Flores y Armin Dorgathen. Estos ejemplos, explicó La Torre, son indicativos de un patrón donde el sistema de justicia no logra asegurar una reparación integral del daño causado a la nación, dejando a los ciudadanos sin el resarcimiento debido. La inacción en este aspecto genera impunidad y fomenta la repetición de actos ilícitos.
Ante este preocupante escenario, el abogado La Torre hizo un enérgico llamado al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, instándolo a aplicar ajustes urgentes y necesarios. El objetivo principal, enfatizó el jurista, es prevenir un mayor perjuicio económico a los bolivianos, quienes son los principales afectados por estos actos de corrupción.
Además, La Torre exhortó a Mariaca a informar de manera oportuna y transparente sobre las acciones legales iniciadas en estos casos y, crucialmente, sobre las posibilidades reales de reparación y recuperación de los activos. El jurista argumentó que una mayor transparencia no solo fortalecería la confianza pública, sino que también presionaría para que el Ministerio Público asuma su rol de garante de los intereses patrimoniales del Estado con la celeridad y eficacia que demanda la población boliviana. La falta de resultados concretos en la recuperación de bienes, sostuvo el abogado La Torre, menoscaba la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.
PANAMERICANA.
