viernes. 01.03.2024

En una coyuntura crítica a nivel nacional por los bloqueos carreteros persistentes, Panamericana recogió opiniones discrepantes de los principales actores políticos y sociales del país sobre la responsabilidad por este escenario.

En primera instancia, el líder del Movimiento Al Socialismo y ex presidente Evo Morales, insistió en que los principales generadores de conflictividad son los primeros mandatarios de estado, Luis Arce y David Choquehuanca.

Para Morales, el gobierno apostó erróneamente al desgaste de los movilizados, sin admitir que la solución al conflicto está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues en cuanto se apruebe una ley de convocatoria a elecciones judiciales, las protestas serán suspendidas.

Sin embargo, el vocero presidencial Jorge Richter discrepó con las opiniones de Evo Morales y lo responsabilizó por inducir a la convulsión social mostrando una suerte de “fijación” por retornar a la presidencia mediante medidas de presión impopulares.

Richter, distinguió además un escenario de diálogo y la intención de imponer decisiones por parte de grupos radicales que buscan colapsar al país, dice, y desestabilizar la gestión de gobierno de Luis Arce.

Desmintió además las hipótesis de que el primer mandatario habría emitido instrucciones al presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de diputados, Juan José Jáuregui para obstaculizar la aprobación de una norma referida a las elecciones judiciales.

Las aseveraciones del vocero presidencial fueron rebatidas por el diputado del MAS afín a la corriente “evista”, Héctor Arce, para quien es evidente la pretensión de boicotear los comicios siguiendo consignas políticas.

Arce, insistió en la tesis de que su colega Jáuregui es un operador del poder ejecutivo y simplemente acata lineamientos que proceden del presidente y del ministro de Justicia, Iván Lima.

Los criterios del parlamentario oficialista también fueron refutados por la senadora del MAS, Virginia Velasco, quien reafirmó su percepción en torno a la existencia de un acuerdo irregular entre los bloques opositores y la facción “evista” en la Asamblea Legislativa.

A tiempo de asegurar que las determinaciones del Tribunal Constitucional deben respetarse, la legisladora endilgó la responsabilidad por la crisis social a Evo Morales y revalidó las observaciones a los alcances de la ley 144 por contener vacíos jurídicos.

PANAMERICANA.