La presunta filtración de preguntas destinadas a la evaluación de postulantes a las altas magistraturas, puso en debate la seguridad y confianza del proceso encaminado a consolidar las elecciones judiciales, y el monitoreo de organismos nacionales e internacionales.
Sobre el tema, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, opinó que los obstáculos a la renovación de los administradores de justicia demuestran la intención del poder ejecutivo de continuar ejerciendo control del sistema.
Para el activista del Conade, el acompañamiento de la sociedad civil al proceso es importante en sentido de alertar posibles irregularidades y comunicar avances, pero no asegura neutralidad ya que se limita a elaborar informes y no incidir en las decisiones importantes.
Así también, la representante de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, Sandra Verduguéz, formuló consideraciones y lamentó confirmar anomalías que denotan una organización y metodología inadecuadas, en especial cuando se presume la filtración de preguntas.
La activista coincidió en que la veeduría ciudadana al proceso tiene serias limitaciones y recalcó que en el marco de la normativa debe acatar sus atribuciones y confiar en el proceder de la Asamblea Legislativa.
A propósito del papel fundamental del órgano legislativo, la diputada del Movimiento Al Socialismo, Magaly Gómez, remarcó que el trabajo debe ser compartido responsablemente por las tres fuerzas políticas, cuyos parlamentarios están en la obligación de dar respuestas y aclarar especulaciones sobre la seguridad de proceso.
Gómez reafirmó que la preparación de las elecciones judiciales se realiza de forma transparente y con el apoyo técnico de expertos, como el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, que arribará en mayo.
PANAMERICANA.
