Como se conoce, la reciente sesión en la Cámara de Diputados estuvo plagada de denuncias de irregularidades, hechos de violencia y hasta presunto secuestro, para forzar la aprobación de proyectos de ley crediticios.
Por ello, aún persiste la duda sobre la validez de normas que permitirían el acceso a dos préstamos internacionales, el primero destinado a la conclusión de una carretera y el otro vinculado a la respuesta de combate y prevención del COVID-19, según señaló a Panamericana la diputada de “Comunidad ciudadana”, Lissa Claros.
Sin embargo, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Sandro Ramírez, desestimó los argumentos que cuestionan la aprobación de dichos proyectos, y si bien condenó todo acto de violencia, aseguró que no se vulneran derechos de los parlamentarios y los procedimientos camarales son acatados a cabalidad.
La versión de Ramírez fue rebatida por el parlamentario de la alianza opositora “Creemos”, Erwin Bazán, para quien la sesión carece de legalidad, por lo que será impugnada debido a vicios de nulidad.
Finalmente, la diputada oficialista alineada con la corriente “arcista” del MAS, Olivia Guachalla, desmintió la tesis de que grupos de choque ejercieron hostigamiento, y a tiempo de condenar un intento de golpe legislativo con la toma de la testera, exigió cumplimiento al acuerdo suscrito para el tratamiento de créditos antes de las normas referidas a la cesación de funciones de los magistrados.
PANAMERICANA.
