El analista económico Gonzalo Chávez, formuló consideraciones en torno a los alcances del proyecto de ley 035 de modificaciones a la Ley de Pensiones, debido a que observa la disposición que impondría la jubilación forzosa a los 65 años como discriminatoria.
En su lectura, la controversia debe analizarse desde una perspectiva política más que estratégica, pues aparentemente el gobierno trataría de establecer un “ajuste de cuentas” con dos sectores que tradicionalmente son críticos al gobierno: el magisterio y el gremio médico.
Para Chávez, la alternativa de resolución del conflicto se vincula con la voluntad del gobierno para eliminar la disposición observada y evaluar casos particulares bajo parámetros específicos.
Sin embargo, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, detectó un discurso político más que económico por parte del analista y a tiempo de reiterar los beneficios del proyecto de ley, ratificó que no se debe sobreentender la jubilación obligatoria los 65 años ni supuestas vulneraciones a derechos laborales.
La autoridad expresó preocupación por interpretaciones políticas a la normativa en debate y remarcó que el escenario de análisis es la Asamblea Legislativa.
En esta línea, exhortó a los médicos movilizados a deponer las medidas de presión que perjudican a miles de pacientes y apostar al diálogo respetando procedimientos constitucionales.
Sobre el tema, el diputado de Comunidad Ciudadana y economista de profesión, José Luis Porcel, objetó la apertura limitada del gobierno a recibir sugerencias y observaciones en el afán de despejar dudas y evitar mayor perjuicio.
Por otra parte, Porcel expuso cuestionamientos al trabajo desempeñado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de la Seguridad Social de Largo Plazo, ya que según advierte, la entidad prácticamente duplicó su personal y genera nuevas interrogantes sobre la administración de recursos del sector pasivo.
También contribuyó al análisis, el ejecutivo de la Federación Sindical de Profesionales en Salud de Bolivia, Luis Delgado, quien condenó las protestas de grupos privilegiados, dice, en desmedro de quienes requieren atención oportuna. Además, denunció presiones para que algunos sectores se sumen a las medidas de presión.
Delgado manifestó que los ajustes a la Ley de Pensiones serán de beneficio común, por lo que las objeciones obedecen a intereses particulares de profesionales renuentes a ceder sus fuentes laborales. En este sentido, expuso la exigencia de su sector de que todo cargo sea otorgado en base a méritos y competencias.
PANAMERICANA.
