Panamericana recabó distintos análisis en torno a un presunto trato diferencial que aplican operadores de justicia en el país, entre reos peligrosos, como el súbdito de una organización criminal brasileña que protagonizó un intento de fuga, y supuestos perseguidos políticos como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En primer lugar, el analista y coordinador del frente político “Soberanía y Libertad”, José Luis Bedregal, lamentó la penetración de cárteles internacionales violentos en territorio boliviano, así como la reafirmación, dice, de que el sistema procede de manera sesgada en base a intereses políticos y económicos.
Al margen de advertir la grave pérdida de institucionalidad de la policía boliviana y otras instancias que deberían velar por la seguridad ciudadana, Bedregal exigió una investigación efectiva para esclarecer dudas, establecer responsabilidades y encaminar un trato equilibrado.
Por su parte, el diputado Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, refutó los criterios previamente expuestos y reprochó las pretensiones de vincular el hecho aislado del reo brasileño con la situación jurídica del gobernador cruceño.
Según remarcó, no corresponde comparar ambos casos por varios elementos que los distinguen.
A tiempo de anunciar la solicitud de un informe a Régimen Penitenciario, el parlamentario oficialista reiteró que en el país no existen verdaderos “presos políticos” en el concepto mismo de ese calificativo, sino acusados por delitos cometidos durante el quiebre constitucional de 2019 y que deben responder por sus actos.
Con otra visión, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó preocupación por la justicia en la actualidad, la inseguridad ciudadana y la vulneración flagrante de un gobierno autoritario, dice, a los derechos humanos.
Haciendo un parangón entre el miembro de una organización criminal internacional y la primera autoridad departamental de Santa Cruz, detectó una situación irónica.
Núñez subrayó la necesidad de reformar el sistema judicial de forma urgente y en este sentido reiteró respaldo a la iniciativa de un grupo de juristas independientes que plantea un plebiscito para modificar la Constitución Política del Estado y ha logrado, según observa, una excelente respuesta ciudadana.
Sin embargo, la senadora del MAS, Gladys Alarcón, rebatió las críticas de opositores y activistas al sistema democrático vigente, y lejos de notar debilidad, afirmó que estos principios son fortalecidos por el gobierno electo que vela por la seguridad de todos los bolivianos.
Es así que diferenció el accionar correcto de la justicia, de una campaña de persecución política propiamente dicha.
La legisladora masista, manifestó que los gobernantes garantizan un estado de derecho así como la libertad de expresión y continuarán en esa lógica a pesar de los intentos de desestabilización.
Empero, el abogado y activista representante del movimiento cívico en el departamento de Santa Cruz, Agustín Zambrana, negó intenciones de desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce y fundamentó el eventual planteamiento de un proceso de revocatoria de mandato propuesto durante un multitudinario cabildo.
Zambrana exhortó a los bolivianos a resistirse a la implementación de un régimen dictatorial y sumarse a todos los esfuerzos orientados a defender la democracia y la libertad, en medio de pugnas internas en el partido gobernante y pretensiones de ejercer control de los órganos estatales.
PANAMERICANA.
