Es de conocimiento general que la denominada “auto prórroga” de mandato de altas autoridades judiciales frente a la imposibilidad de efectuar las elecciones en esta gestión, ha causado revuelo y opiniones encontradas.
Si bien, la mayoría de parlamentarios y analistas coinciden en que la medida es inconstitucional y amerita un juicio de responsabilidades, la posibilidad de que dicho escenario se concrete parece lejana ya que requeriría dos tercios de aprobación en la Asamblea Legislativa.
Por ello Panamericana recogió impresiones diversas, entre ellas las del senador de la alianza opositora “Creemos”, Henry Montero, quien lamentó la posición del oficialismo que impidió encontrar consenso en un reciente de legisladores.
Además, Montero detectó contradicciones en los argumentos para sustentar la polémica decisión, por ejemplo dice, el antecedente de una prórroga durante el mandato transitorio de Jeanine Añez.
Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo, Ana María Castillo, admitió que la Asamblea Legislativa tiene responsabilidad por el dilema, pero aclaró que la controversia fue originada por un recurso de inconstitucionalidad que presentó un parlamentario de oposición.
La legisladora oficialista, reprochó la postura crítica y no propositiva, dice, de los bloques opositores, a tiempo de abogar por voluntad política para hallar soluciones prontas.
De su lado, el diputado de la alianza “Comunidad ciudadana”, Marcelo Pedrazas, calificó la decisión del Tribunal Constitucional como un “golpe institucional” y la equiparó con la cuestionada sentencia que avaló la figura de reelección indefinida como un derecho humano.
En este sentido, exhortó a los actuales magistrados a reflexionar y actuar en apego a las normas antes de incurrir en graves delitos.
Pedrazas hizo además una conminatoria al Tribunal Constitucional para que resuelva la sentencia mencionada antes de concluir su mandato legítimo.
Finalmente, el abogado y ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, remarcó la importancia de analizar el contexto antes de emitir conclusiones y responsabilizó al gobierno de Luis Arce, incluyendo al Ministro de Justicia, Iván Lima, por la controversia.
Romero insistió en la existencia de un trasfondo político al margen de identificar responsabilidades por un proceso de desinstitucionalización deliberado, según observa.
PANAMERICANA.
